dijous, de març 21, 2013

Intervención en Pleno 19 de marzo de 2013. "Lucha contra la corrupción"


Es necesario partir de la necesidad, sentida en amplios sectores de la sociedad, de encarar, de una vez por todas, la problemática de la corrupción política. En la coyuntura actual, existe una innegable sensibilización social sobre este tema. Las encuestas del CIS, insistentemente, nos recuerdan este dato. Según el Barómetro del CIS del mes de enero, el 77,4% de los encuestados califican la situación política de España de Mala o Muy mala, el 43% cree que es peor que hace un año y el 33% cree que el año que viene será aún peor. Al enumerar los principales problemas del país en la actualidad, la corrupción y el fraude ocupan el cuarto lugar y los partidos políticos y la política en general el tercero, sólo después del paro y los problemas de índole económico.

Estos datos han sufrido modificaciones evidentes tras el conocimiento del denominado “caso BÁRCENAS”: en el barómetro de febrero la corrupción constituye ya el segundo mayor problema del país para los ciudadanos y todo ello ante la pasividad y el silencio del Gobierno y del partido que lo sustenta.


En definitiva, el problema de la corrupción, que arrastramos desde la “burbuja inmobiliaria” ha acabado afectando negativamente a los partidos políticos e, incluso, a las instituciones del Estado democrático.

Hace unos años, el CIS ya mostraba una opinión de los ciudadanos desfavorable hacia los políticos, pero no hacia la Política y la Democracia (cosa que pasa en otras regiones del mundo como en parte de Iberoamérica). Pero ese punto de inflexión se está dando y cuando se llega a ese grado de desafección tiene un punto de no retorno ciertamente peligroso. No puede ser que sea la propia Democracia la que se cuestione, porque entonces estaremos instalados en la antipolítica.

Esta corrupción que sufre el país nos afecta a todos y nos desprestigia a todos. Es más, tiene un efecto devastador en todos aquellos que actúan conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones. La “amnistía fiscal” ha hecho mucho daño también en este sentido.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista está plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes, YA!, para ser más precisos.



En los 8 años de gobierno socialista se impulsaron reformas del CP, se fortaleció la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, endurecimos la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la AGE, mejoramos la ley de contratos del sector público, la de financiación de partidos políticos o la reforma de la ley del suelo, entre muchas otras cosas.

Y también, al margen de reformas normativas, se incrementó el número de Juzgados y de efectivos en la Fiscalía Anticorrupción y, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se introdujeron importantes actuaciones de mejora de sus sistemas de información.


Se hizo mucho, pero claramente insuficiente. Somos tan conscientes de esta insuficiencia que en el último Debate del Estado de la Nación propusimos nuevas y concretas medidas de lucha contra la corrupción. Las propusimos con la intención de llegar a un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas. No fue posible. El Grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de grupos.


El GPS, consciente de la desafección creciente de la ciudadanía quiere hacer su aportación positiva. No se trata de no abordar o no hablar de esta desafección, pero nos parece necesario destacar que lo que no se puede compartir ni alimentar, de forma demagógica, es la desconfianza y la crítica constante hacia la política y los políticos en general. No haría sino perjudicar la legitimidad y fortaleza de nuestro sistema democrático.


Cualquier medida que vaya dirigida a fortalecer, enriquecer y generar confianza en la relación entre gobernantes y gobernados o representantes y representados ha de ser compartida. Los ejemplos son infinitos: reforma electoral para mejorar la representatividad del sistema; mejora y multiplicación de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las instituciones o la regulación de la transparencia y la rendición de cuentas de las Administraciones, por poner algunos ejemplos.



El grupo parlamentario de Izquierda Plural ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción que plantea, con este objetivo, la reforma de numerosas leyes.

Una de las virtudes que tiene la iniciativa que debatimos hoy, y sin ánimo de entrar en el contenido concreto que se recoge en ella, es que aborda los cuatro ejes donde principalmente se pueden producir casos de corrupción:

• Financiación de partidos políticos

• Urbanismo

• Contratos en el sector público

• Ayudas o subvenciones


Por todo lo expuesto el criterio del GPS para la toma en consideración de esta Proposición de Ley es favorable.

Acabo con cuatro ideas que me gustaría compartir con el resto de los grupos parlamentarios:


Las reformas contra la corrupción no abordan todo el problema. Son medidas necesarias, pero no son todas las que tenemos que adoptar. Solo con ellas no se gana la confianza de los ciudadanos. Para ello, necesitamos reformas en distintos ámbitos que recompongan, como ya he dicho, la relación entre representante y representado. La desafección hacia la política es más compleja y afecta a más cosas y debemos ser conscientes de ello.


Las reformas legales y la mejora del ordenamiento jurídico están bien. De hecho, lo hemos abordado desde hace años, hemos tipificado más conductas, hemos endurecido regimenes de incompatibilidades, hemos elevado penas… y sin embargo, constatamos que no es suficiente. Deberíamos iniciar una reflexión profunda para explorar otras vías de actuación.

En la lucha contra la corrupción hay que empezar cuanto antes mejor. Hay que ir rápido en la toma de medidas concretas, porque el diagnóstico lo tenemos hecho. Crear una ponencia en la Comisión de Reglamento, crear una Subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional o seguir con el grupo de trabajo impulsado por el gobierno en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no nos puede llevar a la inactividad.

Pero sobre todo, las medidas adoptadas tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente de no incurrir en la ilegalidad, sino en ejercer el poder con responsabilidad y con ejemplaridad.

Y finalmente, creo que este tema, como otros, compete a todas las fuerzas políticas, mucho más cuando la situación económica general está tan degradada y, en cambio, el partido del Gobierno parece que no quiere ser consciente de ello. El PP ha decidido limitar su legitimidad a la mayoría absoluta parlamentaria que tiene, que no es poco, por supuesto, pero claramente insuficiente cuando estamos hablando de este tema. Les pido más ambición y más generosidad. No abordar esto con consenso no nos permitirá solucionar este grave problema que afecta a la esencia de la Democracia.