¿QUÉ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUIERE EL PP?

Ante un proyecto de ley que lleva por título “la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa” vale la pena empezar centrando el debate. Empiezo, pues, con algunas preguntas que parecen pertinentes ¿Cuál es la reforma de AP que presenta el Gobierno? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué sector público nos presentan en este proyecto de ley? ¿Qué sector público quieren y qué servicios quieren prestar con él? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar su calidad? ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento? ¿Cuáles son los mecanismos para generalizar la rendición de cuentas de este sector público?

Parecería sensato pensar que encontraremos respuestas a estas preguntas, pero la realidad es que no. No se da repuesta a ninguna de estas cuestiones. Ni en este proyecto de ley, ni en el informe CORA, ni en ningún otro proyecto de ley que hayan traído a esta cámara. Tras frases hechas y lugares comunes llevan dos años de generación de expectativas no cumplidas.

Cuando una persona lee el título del proyecto de Ley que hoy debatimos, espera una Ley prolija, abundante, que mire al futuro. Con un contenido y un número de artículos acorde a la magnitud de su tarea. Por el contrario, se encuentra un auténtico batiburrillo de medidas inconexas y sin alcance alguno. El PP había prometido “La” gran reforma de la Administración, y se ha quedado en una torpe poda superficial de algunos organismos (como la integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con lo que quizá nos ahorremos un sueldo; la reforma, que no supresión, de la Obra Pía de los Santos Lugares o la utilización conjunta de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del INAEM, por poner algunos ejemplos.

Este proyecto de ley, señorías, está lejos de acercarse si quiera a una verdadera reforma. Es un intento de enjuagar la incapacidad de un Gobierno que se debate entre dos tendencias, una que sostiene con el orgullo ideológico de un mal entendido liberalismo la reducción de la Administración a su mínima expresión, y otra que aparenta defender algún servicio público pero quiere que se preste por entidades privadas. Unos la quieren matar y otros quieren hacer negocio con ella.

Quizás, efectivamente, ese es el modelo para el sector público que nos presentan: Convertirlo en mera anécdota.

En el texto que hoy debatimos se nos presentan veinticinco artículos, más algunas disposiciones. Artículos sin conexión que deberían ser meras disposiciones adicionales de un auténtico proyecto de reforma o bien deberían estar en un simple reglamento, puesto que por rango sería suficiente.  

Señores del Gobierno, incluso el Consejo de Estado en su dictamen señaló enfáticamente lo inadecuado del título de este proyecto. El Consejo de Ministros puso ese título y pidió a los Ministros el contenido, pero sin criterio ni instrucción. Y ha salido un sin sentido, un envoltorio ampuloso para una caja vacía.

O casi vacía. Porque junto al contenido insignificante, hay algún elemento revelador de su orden de prioridades. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es ahorro, es ideología. Profundizar en el desmantelamiento de lo público no es mejora de la gestión, sino más ideología.

La transformación en entidad privada del Consejo de la Juventud o la desaparición de órganos y funciones que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y hombres son elementos reveladores de esa ideología. El ahorro inapreciable en estas medidas no puede jamás justificar la pérdida en términos de participación social o en la tarea de promoción de la igualdad de los poderes públicos. La revelación, señorías, es que de nuevo bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad.

La reforma de la AP que nos ha propuesto el gobierno hasta el momento no es más que la gestión de flecos. No hay ni una sola medida de auténtica reforma. No hay ni una sola medida que se base en

·         una mejora de la calidad del servicio al ciudadano,

·         en la innovación administrativa o

·         en una clara exigencia de rendición de cuentas.

¿Cuáles son entonces los principios y criterios de su reforma?

Reformar o racionalizar las Administraciones no es una tarea que resulte sencilla ni rápida. Somos muy conscientes de ello. Pero es que llevan más de dos años gobernando, dos años en los que les hemos ofrecido colaboración, acuerdo, análisis riguroso y consenso en esta materia y todavía esperamos respuesta.

Si la Administración importa para este Gobierno, es para recortar su presupuesto, para adelgazar su coste y presentarla como una carga para la sociedad. Se olvida de que la Administración construye esa sociedad, la hace más justa e igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las libertades de sus miembros.

Presidente, señorías.

El proyecto de ley pone de manifiesto algunas evidencias que querría resaltar:

1ª no hay modelo, ni criterios para una reforma de la AP: no tienen un modelo alternativo al que nosotros pusimos en marcha. Y como en realidad no creen en la AP tampoco se han tomado la molestia en desarrollar y profundizar el que hay. En realidad todo se reduce a la reducción. Tenemos menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en picado. Ha habido eliminación de empleo y reducción de salarios. Y honestamente, el ahorro del que presumen no se donde está. Desde luego, inexistente con lo que proponen en este proyecto de ley.

Su llamada reforma de las administraciones solo persigue el adelgazamiento de las estructuras, no que cumplan mejor su cometido constitucional: “servir con objetividad los intereses generales”.

2ª evidencia, no hay diálogo ni político ni institucional: parten de otra frase vacua como es eliminar duplicidades… lo que parece de sentido común, pero es que esto lo traducen en recentralización y deslealtad institucional. En otras palabras, que los demás eliminen servicios o estructuras que yo lo mantengo todo. Parecería lógico que si pretenden modificar cuestiones que afectan a  otras administraciones hablen con ellas. Y parecería lógico también que si pretenden hacer cambios estructurales hablaran con el resto de fuerzas políticas que estamos llamadas a gobernar y, por tanto, a aplicar estos cambios.

Tenemos algunos ejemplos en el proyecto de ley que nos ocupa como el despropósito de la licencia única deportiva, con cuya regulación rompen con la distribución de competencias entre Estado y CCAA,

Por no hablar de la nueva regulación de los consorcios que nos proponen. Por la vía del vaciamiento económico se quieren desentender de las competencias que tienen obligación de atender, vulnerando el principio de irrenunciabilidad. En ningún ámbito del OJ se contempla que el incumplimiento de terceros pueda comportar la exoneración de obligaciones propias. Es tanto como decir que yo no pago mi comunidad porque un vecino no paga. Señorías, esta previsión va en contra de los principios generales del derecho.

Para que nos entendamos: si la Generalitat de Catalunya incumple con su aportación económica al consorcio del Gran Teatre del Liceu, como de hecho hace, en una muestra del respeto que procesa a las instituciones culturales de Catalunya, resulta que el Estado deja de estar obligado a cumplir, con lo que nos encontraríamos que la suma de dos irresponsables se cargan la institución.

El anterior Gobierno impulsó importantes Reformas en las Administraciones Públicas y comenzó importantes tareas de diagnóstico y de transformación. Nada más lejos de nosotros que el inmovilismo en materia de organización y funcionamiento de la Administración. Se iniciaron trabajos profundos de simplificación administrativa y de procedimientos, de racionalización de estructuras y de reducción de cargas para empresas y ciudadanos, se creó la red SARA y se hicieron grandes inversiones (ahora inexistentes) en las nuevas tecnologías.

Se aprobaron Leyes avanzadas como el Estatuto Básico del Empleado Público, con fundamento para que los empleados públicos tengan una verdadera carrera profesional, la certeza de que su esfuerzo se recompensa con una perspectiva de mejora en su puesto, incentivos y reconocimiento.

Reconocimiento e incentivos, que no tienen nada que ver con el desprecio de un jefe que les reprocha tomar café o leer la prensa.

Aprobamos asimismo, la Ley de Agencias o la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incorporando así la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías a la relación entre la ciudadanía y la Administración. Todo ello, en definitiva, ofrecía cambios necesarios que daban respuesta a nuevos derechos, nuevos servicios, nuevos sistemas de prestación de los servicios y nuevas exigencias ciudadanas sobre el funcionamiento de la Administración.

Los organismos internacionales como la ONU y la UE reconocieron este gran avance de nuestras Administraciones llevando a España al puesto número 9 en 2010 desde el 39 que ocupaba en 2005 en el desarrollo electrónico de la Administración pública.

Señorías, estas fueron algunas de las reformas que el gobierno socialista impulsó, desde la convicción de que una reforma ambiciosa de la Administración es aquella que la hace eficiente, sí, pero sobre todo es una reforma que la hace mejor y más eficaz. El Partido Popular quiere una Administración Pública menos costosa y más pequeña. Solo atiende al tamaño, y ahí se queda. Con la excusa del control del déficit público, se nos propone la destrucción del empleo público y recortar, suprimir, fusionar o restructurar organismos, pero seguimos sin saber cómo quiere el Gobierno que actúe el sector público.

Señorías

Racionalizar la administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad. En un mundo en cambio vertiginoso la Administración debe tener cada vez más y más rápidas adaptaciones si queremos que cumpla con sus fines. Pero cuidado! La Administración necesita adaptarse, no cambiar o pervertir su finalidad.

Racionalizar las administraciones requiere

-       en primer lugar, distinguir las esferas de actuación pública y privada sabiendo que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque son fundamento de la igualdad entre todos, como la sanidad, la educación, la seguridad, y como tantas otras que ustedes están “racionalizando” o “reformando”

-       en segundo lugar, más coordinación sí, pero no más centralización. Detrás de su discurso sobre las duplicidades hay demasiado populismo, me temo.

-       En tercer lugar, menos burocracia innecesaria sí, pero no menos organismos y servicios públicos que realizan tareas sociales. Entre eliminar cargas administrativas y suprimir el Consejo de la Juventud hay un abismo.

-       En cuarto lugar, organizar los recursos humanos y adaptarlos a las necesidades, pero eso no significa ridiculizar a los empleados públicos con regañinas que dañan su imagen, sino ofrecer una justa evaluación de su trabajo y una carrera profesional motivante.

-       Y por último, racionalizar la administración requiere, sin duda otras muchas cosas, como más transparencia y más conexión con la ciudadanía, y sobre todo requiere altura de miras, algo ausente en esta Ley y en la tarea de este Gobierno.

En definitiva, los socialistas queremos una reforma administrativa que no sea un mero parche descosido y coyuntural con el que aparentar que se cumple una promesa electoral poco meditada. Queremos continuar con las reformas emprendidas, que ayuden a la recuperación de los servicios perdidos o en peligro, que haga al aparato público más cercano y transparente y que esté servida por profesionales prestigiados socialmente y conscientes de su esencial papel de garantía de la igualdad y la equidad sociales.

Cuando quieran nos sentamos. Mientras, pueden seguir trayendo proyectos de ley sinsentido que saldrán adelante con su mayoría absoluta, pero que no aportan nada a la cuestión que nos ocupa.