Ante
un proyecto de ley que lleva por título “la racionalización del sector público
y otras medidas de reforma administrativa” vale la pena empezar centrando el
debate. Empiezo, pues, con algunas preguntas que parecen pertinentes ¿Cuál es
la reforma de AP que presenta el Gobierno? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué sector
público nos presentan en este proyecto de ley? ¿Qué sector público quieren y
qué servicios quieren prestar con él? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar
su calidad? ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento? ¿Cuáles son
los mecanismos para generalizar la rendición de cuentas de este sector público?
Parecería
sensato pensar que encontraremos respuestas a estas preguntas, pero la realidad
es que no. No se da repuesta a ninguna de estas cuestiones. Ni en este proyecto
de ley, ni en el informe CORA, ni en ningún otro proyecto de ley que hayan
traído a esta cámara. Tras frases hechas y lugares comunes llevan dos años de generación
de expectativas no cumplidas.
Cuando
una persona lee el título del proyecto de Ley que hoy debatimos, espera una Ley
prolija, abundante, que mire al futuro. Con un contenido y un número de
artículos acorde a la magnitud de su tarea. Por el contrario, se encuentra un
auténtico batiburrillo de medidas inconexas y sin alcance alguno. El PP había
prometido “La” gran reforma de la Administración, y se ha quedado en una torpe
poda superficial de algunos organismos (como la integración del Servicio
Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, con lo que quizá nos ahorremos un sueldo; la
reforma, que no supresión, de la Obra Pía de los Santos Lugares o la
utilización conjunta de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros
dependientes del INAEM, por poner algunos ejemplos.
Este
proyecto de ley, señorías, está lejos de acercarse si quiera a una verdadera
reforma. Es un intento de enjuagar la incapacidad de un Gobierno que se debate
entre dos tendencias, una que sostiene con el orgullo ideológico de un mal
entendido liberalismo la reducción de la Administración a su mínima expresión,
y otra que aparenta defender algún servicio público pero quiere que se preste
por entidades privadas. Unos la quieren matar y otros quieren hacer negocio con
ella.
Quizás,
efectivamente, ese es el modelo para el sector público que nos presentan:
Convertirlo en mera anécdota.
En
el texto que hoy debatimos se nos presentan veinticinco artículos, más algunas
disposiciones. Artículos sin conexión que deberían ser meras disposiciones
adicionales de un auténtico proyecto de reforma o bien deberían estar en un
simple reglamento, puesto que por rango sería suficiente.
Señores
del Gobierno, incluso el Consejo de Estado en su dictamen señaló enfáticamente
lo inadecuado del título de este proyecto. El Consejo de Ministros puso ese
título y pidió a los Ministros el contenido, pero sin criterio ni instrucción.
Y ha salido un sin sentido, un envoltorio ampuloso para una caja vacía.
O
casi vacía. Porque junto al contenido insignificante, hay algún elemento revelador
de su orden de prioridades. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es
ahorro, es ideología. Profundizar en el desmantelamiento de lo público no es
mejora de la gestión, sino más ideología.
La
transformación en entidad privada del Consejo de la Juventud o la desaparición
de órganos y funciones que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y
hombres son elementos reveladores de esa ideología. El ahorro inapreciable en
estas medidas no puede jamás justificar la pérdida en términos de participación
social o en la tarea de promoción de la igualdad de los poderes públicos. La
revelación, señorías, es que de nuevo bajo criterios economicistas se quiere
dar la espalda a la sociedad.
La
reforma de la AP que nos ha propuesto el gobierno hasta el momento no es más
que la gestión de flecos. No hay ni una sola medida de auténtica reforma. No
hay ni una sola medida que se base en
·
una mejora de la calidad del servicio al
ciudadano,
·
en la innovación administrativa o
·
en una clara exigencia de rendición de
cuentas.
¿Cuáles
son entonces los principios y criterios de su reforma?
Reformar
o racionalizar las Administraciones no es una tarea que resulte sencilla ni
rápida. Somos muy conscientes de ello. Pero es que llevan más de dos años
gobernando, dos años en los que les hemos ofrecido colaboración, acuerdo,
análisis riguroso y consenso en esta materia y todavía esperamos respuesta.
Si
la Administración importa para este Gobierno, es para recortar su presupuesto,
para adelgazar su coste y presentarla como una carga para la sociedad. Se
olvida de que la Administración construye esa sociedad, la hace más justa e
igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las
libertades de sus miembros.
Presidente,
señorías.
El
proyecto de ley pone de manifiesto algunas evidencias que querría resaltar:
1ª no hay modelo, ni criterios para una reforma
de la AP: no tienen un modelo alternativo al que nosotros pusimos
en marcha. Y como en realidad no creen en la AP tampoco se han tomado la
molestia en desarrollar y profundizar el que hay. En realidad todo se reduce a
la reducción. Tenemos menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en
picado. Ha habido eliminación de empleo y reducción de salarios. Y
honestamente, el ahorro del que presumen no se donde está. Desde luego, inexistente
con lo que proponen en este proyecto de ley.
Su
llamada reforma de las administraciones solo persigue el adelgazamiento de las
estructuras, no que cumplan mejor su cometido constitucional: “servir con
objetividad los intereses generales”.
2ª evidencia, no hay diálogo ni político
ni institucional: parten de otra frase vacua como es eliminar
duplicidades… lo que parece de sentido común, pero es que esto lo traducen en
recentralización y deslealtad institucional. En otras palabras, que los demás
eliminen servicios o estructuras que yo lo mantengo todo. Parecería lógico que
si pretenden modificar cuestiones que afectan a
otras administraciones hablen con ellas. Y parecería lógico también que
si pretenden hacer cambios estructurales hablaran con el resto de fuerzas
políticas que estamos llamadas a gobernar y, por tanto, a aplicar estos
cambios.
Tenemos
algunos ejemplos en el proyecto de ley que nos ocupa como el despropósito de la
licencia única deportiva, con cuya
regulación rompen con la distribución de competencias entre Estado y CCAA,
Por
no hablar de la nueva regulación de los consorcios
que nos proponen. Por la vía del vaciamiento económico se quieren desentender
de las competencias que tienen obligación de atender, vulnerando el principio
de irrenunciabilidad. En ningún ámbito del OJ se contempla que el
incumplimiento de terceros pueda comportar la exoneración de obligaciones
propias. Es tanto como decir que yo no pago mi comunidad porque un vecino no
paga. Señorías, esta previsión va en contra de los principios generales del
derecho.
Para
que nos entendamos: si la Generalitat de Catalunya incumple con su aportación
económica al consorcio del Gran Teatre del Liceu, como de hecho hace, en una
muestra del respeto que procesa a las instituciones culturales de Catalunya,
resulta que el Estado deja de estar obligado a cumplir, con lo que nos
encontraríamos que la suma de dos irresponsables se cargan la institución.
El
anterior Gobierno impulsó importantes Reformas en las Administraciones Públicas
y comenzó importantes tareas de diagnóstico y de transformación. Nada más lejos
de nosotros que el inmovilismo en materia de organización y funcionamiento de
la Administración. Se iniciaron trabajos profundos de simplificación
administrativa y de procedimientos, de racionalización de estructuras y de
reducción de cargas para empresas y ciudadanos, se creó la red SARA y se
hicieron grandes inversiones (ahora inexistentes) en las nuevas tecnologías.
Se
aprobaron Leyes avanzadas como el Estatuto Básico del Empleado Público, con
fundamento para que los empleados públicos tengan una verdadera carrera
profesional, la certeza de que su esfuerzo se recompensa con una perspectiva de
mejora en su puesto, incentivos y reconocimiento.
Reconocimiento
e incentivos, que no tienen nada que ver con el desprecio de un jefe que les
reprocha tomar café o leer la prensa.
Aprobamos
asimismo, la Ley de Agencias o la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, incorporando así la sociedad del conocimiento y las
nuevas tecnologías a la relación entre la ciudadanía y la Administración. Todo
ello, en definitiva, ofrecía cambios necesarios que daban respuesta a nuevos
derechos, nuevos servicios, nuevos sistemas de prestación de los servicios y
nuevas exigencias ciudadanas sobre el funcionamiento de la Administración.
Los
organismos internacionales como la ONU y la UE reconocieron este gran avance de
nuestras Administraciones llevando a España al puesto número 9 en 2010 desde el
39 que ocupaba en 2005 en el desarrollo electrónico de la Administración
pública.
Señorías,
estas fueron algunas de las reformas que el gobierno socialista impulsó, desde
la convicción de que una reforma ambiciosa de la Administración es aquella que
la hace eficiente, sí, pero sobre todo es una reforma que la hace mejor y más
eficaz. El Partido Popular quiere una Administración Pública menos costosa y
más pequeña. Solo atiende al tamaño, y ahí se queda. Con la excusa del control
del déficit público, se nos propone la destrucción del empleo público y
recortar, suprimir, fusionar o restructurar organismos, pero seguimos sin saber
cómo quiere el Gobierno que actúe el sector público.
Señorías
Racionalizar
la administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad. En un
mundo en cambio vertiginoso la Administración debe tener cada vez más y más
rápidas adaptaciones si queremos que cumpla con sus fines. Pero cuidado! La
Administración necesita adaptarse, no cambiar o pervertir su finalidad.
Racionalizar
las administraciones requiere
- en
primer lugar, distinguir las esferas de actuación pública y privada sabiendo
que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque son fundamento de
la igualdad entre todos, como la sanidad, la educación, la seguridad, y como
tantas otras que ustedes están “racionalizando” o “reformando”
- en
segundo lugar, más coordinación sí, pero no más centralización. Detrás de su
discurso sobre las duplicidades hay demasiado populismo, me temo.
- En
tercer lugar, menos burocracia innecesaria sí, pero no menos organismos y servicios
públicos que realizan tareas sociales. Entre eliminar cargas administrativas y
suprimir el Consejo de la Juventud hay un abismo.
- En
cuarto lugar, organizar los recursos humanos y adaptarlos a las necesidades,
pero eso no significa ridiculizar a los empleados públicos con regañinas que dañan
su imagen, sino ofrecer una justa evaluación de su trabajo y una carrera
profesional motivante.
- Y
por último, racionalizar la administración requiere, sin duda otras muchas
cosas, como más transparencia y más conexión con la ciudadanía, y sobre todo
requiere altura de miras, algo ausente en esta Ley y en la tarea de este
Gobierno.
En
definitiva, los socialistas queremos una reforma administrativa que no sea un
mero parche descosido y coyuntural con el que aparentar que se cumple una
promesa electoral poco meditada. Queremos continuar con las reformas
emprendidas, que ayuden a la recuperación de los servicios perdidos o en
peligro, que haga al aparato público más cercano y transparente y que esté
servida por profesionales prestigiados socialmente y conscientes de su esencial
papel de garantía de la igualdad y la equidad sociales.
Cuando
quieran nos sentamos. Mientras, pueden seguir trayendo proyectos de ley
sinsentido que saldrán adelante con su mayoría absoluta, pero que no aportan
nada a la cuestión que nos ocupa.